Este es un comentario publicado en APARIENCIAS, el blog de Miguel Wiñazki, en ocasión de su artículo titulado “El dictador democrático“. La intención de transcribirlo es continuar con el encendido debate -que en 4 días recibió 51 opiniones- sea en ese blog, sea por fuera del mismo (o sea, aquí).
Pensemos en dos ideas que me surgen a partir del concepto “dictador democrático”.
La primera, que es un tipo que está al frente del Estado y se lo lleva todo puesto gracias al apoyo popular con que cuenta.
De ocurrir, ello se debe a dos variables independientes, aunque no excluyentes entre sí:
a) nadie hace cumplir la ley
b) a nadie le importa que se cumpla la ley
Si nadie hace cumplir la ley, es porque quienes tienen el poder de accionar sobre aquel líder están imposibilitados de hacerlo o son cómplices. No conozco a ningún Juez ni Fiscal que sea cobarde.
Si están imposibilitados de hacer cumplir la ley, ello es grave. Pero los medios de acceder a la justicia no se agotan en esperar a que un organismo nacional intervenga. Podemos recurrir a múltiples organizaciones del exterior para que tomen cartas en el asunto. El Principio de Derecho Internacional (enunciado en la Carta de las Naciones Unidas) de no intromisión en las cuestiones internas de los Estados no alcanza para luchar por los derechos de un pueblo oprimido, el tema en todo caso, sería cualificar esa opresión.
En segundo lugar, si controlador y controlado son cómplices, más que de “dictador democrático” hablaríamos de corporación, y erradicar eso necesita años de aplicar soluciones drásticas, que tal vez terminen en otra -una nueva- dictadura, vaya a saber uno de quién o qué. Entre paréntesis, la inhumana dictadura del último Proceso contó con muchísimo más apoyo popular que el Presidente Kirchner en cualquier momento de sus cuatro años que lleva de gobierno.
En tercer lugar, si nadie hace cumplir la ley y a nadie le importa… estamos realmente complicados como civilización y eso ya es otro tema sobre el cual no me voy a extender aquí.
La división de poderes y sus mecanismos de control constitucionales existen. En Argentina son derecho positivo desde 1853. Aún cuando cualquier dictadura quiera proscribir esas garantías, la Constitución y los Tratados Internacionales imperan sobre la voluntad de cualquier soberano de turno. Es lo que surge del art. 36 CN. Ese imperio de la ley garantiza la base de nuestra organización como República.
La segunda idea me sumerge en el plano semántico de la expresión. Me lleva a pensar: ¿se puede llegar a ser dictador y democrático a la vez?
No. La democracia, en sentido contemporáneo, es libertad y es igualdad. Si estos valores se ven infringidos, me remito entonces a lo dicho sobre mecanismos de control.
Ahora bien, el artículo 22 de la Constitución Nacional indica que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esa Constitución. Esto es el poder delegado. Siempre es delegado. Debe ser delegado. Así lo dispone nuestra Carta Magna. Delegado en una construcción -el Estado- que gracias a la democracia (libertad e igualdad) será lo más representativa posible de los distintos grupos que conforman la heterogeneidad de intereses del pueblo.
Convalidar que el calificativo dictadura sea aplicado a un gobierno constitucionalmente elegido, me resulta un tanto peligroso. Puede hacer que se olvide el terrorismo de Estado, que en la Argentina es historia reciente y que se cargó con treinta mil almas y mutiló familias por doquier.
Hablar de dictadura democrática es negarle al pueblo sus responsabilidades, casi como tratarlo de tonto. Los pueblos latinoamericanos -hoy- están eligiendo sus gobiernos a través de mecanismos constitucionales. Eso, no me canso de reivindicarlo, es un logro. Qué y a quién eligen ya es otro tema.
